Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Martes 14
Por:
Redacción el
13 de enero de 2025
Publicado decreto sobre crédito
Ahora sí, a iniciar las licitaciones de las obras con el crédito de los 2 mil 300 millones de pesos. Y es que en la edición vespertina del Diario Oficial del Estado de Sinaloa de este lunes, se publicó el Decreto número 60 del Congreso del Estado, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones administrativas, financieras y legales necesarias para contratar de manera directa con cualquier institución financiera mexicana que ofrezca las mejores condiciones, uno o más financiamientos para la construcción de obra pública en la entidad. Lo anterior permitirá, según explicó el propio gobernador Rubén Rocha Moya, comenzar de manera inmediata con las licitaciones de obra pública para iniciar con los diferentes proyectos contemplados a lo largo del estado, los cuales insistió en que fueron seleccionados por el impacto estratégico que producirán en la población sinaloense. Hizo la aclaración que en el decreto queda establecido dónde y de cuánto son las 36 obras proyectadas con este empréstito y que, solo si se gestiona una modificación en el decreto previa autorización del mismo Poder Legislativo, redireccionarían recursos a otros proyectos. Organizaciones de la sociedad civil pidieron ser incluidos en la comisión que vigilará la ejecución de los recursos del crédito, el cual fue planteado porque la multa del SAT afectó las finanzas estatales y de no atenderse el ‘boquete’ financiero se sacrificará un año de obra pública.
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Ex funcionarios del SATES en la picota
Desde la semana pasada empezaron las señales luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya expuso que la solicitud del crédito era para cubrir lo que financieramente impactará al Estado el tener que pagar una multa de 2,200 millones de pesos al SAT por ‘auditorías erráticas’ hechas por el gobierno anterior. Diputados locales se pronunciaron porque no hubiera impunidad y se castigara a los responsables. Este lunes el senador Enrique Inzunza no se anduvo con matices: dijo que no fueron erráticas sino que fueron ‘auditorías corruptas’ porque a su juicio se hicieron a sabiendas del daño al erario, por lo que pidió se abriera una investigación penal contra quien resulte responsable ‘independientemente del rango que haya tenido en la administración anterior o ejerza o no un cargo ahorita’, y sin decir el nombre, es claro que lanzó directo la flecha al pecho del ex gobernador Quirino Ordaz, hoy embajador de México en España. La senadora Imelda Castro añadió que deben fincarse responsabilidades a quienes hayan cometido ese error --aunque no tenía claro en quién recae directamente ese tema-- que le está costando al pueblo de Sinaloa y fue clara al expresar que no están para defender a servidores públicos porque primero está el pueblo. Tras estos posicionamientos, el subsecretario de Transparencia del Gobierno de Sinaloa reveló que tras una investigación lo cometido por ex funcionarios del SATES fue determinado como una ‘falta administrativa grave’, por lo que ahora estará bajo análisis del Tribunal Administrativo que definirá si sanciona por la vía administrativa o por la vía penal… o por las dos. De ser así, estaríamos viendo una nueva pasarela de ex funcionarios por los juzgados penales bajo acusaciones de delitos relacionados con actos de corrupción –como ocurrió con la UAS, lo que terminó en pactos—¿Llegará hasta ese punto el tema? Pronto se sabrá.
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¿Y el Plan de Persecución Penal?
Apenas rindió protesta como nueva fiscal General del Estado de Sinaloa el pasado 28 de agosto, --electa para 7 años en el cargo-- a Claudia Zulema Sánchez Kondo se le fijó un plazo no mayor a 100 días para que presentara ante el Congreso del Estado el Plan de Persecución Penal, documento en el que, según explicó la entonces diputada y en las siguientes horas designada presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, es el programa de acciones que orienta el trabajo de la FGE para la persecución y castigo de los delitos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía, con sus metas y objetivos. El plazo feneció el 6 de diciembre pero ¿qué cree?, a la fecha, a 138 días de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, de la ya no tan nueva fiscal no se conoce que haya presentado el mentado plan. Una revisión al portal de la Fiscalía General del Estado arroja solo la existencia del programa que en su momento sí presentó la ex fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada para su periodo 2021-2028 pero que debería ser sustituido por el nuevo programa. Los diputados que debieran ser los principales observadores de esta clase de omisiones, bien gracias y la fiscal, mal que pueda estar haciendo caminar a la FGE sin un plan de vuelo, improvisando en el día a día, cuando la impunidad es uno de los flagelos más terribles que alienta al hampa a seguir actuando y más en las circunstancias de violencia atípica que se vive en Sinaloa desde el 09 de septiembre.
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Villa Juárez ¿Municipio 21?
Ya ve que con el logro en 2021, de una lucha de décadas y esfuerzo de miles, se produjo la municipalización de Eldorado –que se desprendió de Culiacán—y Juan José Ríos –que se separó de Guasave—mismos que empezaron a funcionar como tales en noviembre pasado, inaugurando una nueva etapa política pero también de retos como los ‘Santiagos’ de Sinaloa, tan así que no tenían ni edificio dónde operar sus Cabildos y dependencias municipales. Pero más allá de eso, no es sencillo echar andar una empresa de ese tamaño porque hay obligaciones que cumplir a los ciudadanos, como garantizarles la prestación de servicios públicos de calidad, seguridad pública y mantener un aparato burocrático cuya función es cuidar los escasos pesos. Siempre ha sido debate si es adecuada alentar la municipalización porque no siempre significa garantía de desarrollo, menos cuando lo que escasea es la correcta administración de los recursos de por sí raquíticos. Hay experiencias en otras entidades que así lo indican. El asunto viene a colación porque está corriendo la versión de que pronto pudiera estarse impulsando desde el Congreso del Estado un movimiento pro municipalización de la costera pero con amplio valle agrícola de la sindicatura Villa Benito Juárez, Navolato, que tiene una población de alrededor de 34 mil habitantes en su cabecera y sus 25 comisarías. ¿Será que quieren convertirse en el municipio 21 y realmente será la solución a sus históricos problemas de seguridad, rezago social y abandono?
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