La litigación climática se ha convertido en una pieza esencial para garantizar la acción y la justicia climática en el mundo. En el Informe Mundial sobre Litigios Climáticos se detalla que los litigios climáticos se han duplicado en los últimos cinco años, al pasar de 884 en 2017 a 2 mil 180 en 2022.
Esta revisión global que analizó los casos centrados en la legislación, política y ciencia del cambio climático recopilados hasta el 3 de diciembre del año pasado por las bases de datos de litigios mundiales y estadounidenses del cambio climático del Sabin Center. Dicho sea de paso, las políticas climáticas que tenemos actualmente están lejos de lo que se requiere para mantener las temperaturas globales debajo del umbral de 1.5 °C; los fenómenos meteorológicos extremos, la ola de calor y la sequía nos están sofocando, muestra de ello las sensaciones térmicas de casi 50 grados que se han registrado en el norte de México, en particular en Sinaloa y esas tormentas de rápida formación como la que vivimos en Culiacán el pasado 22 de agosto son la mejor evidencia de que la emergencia climática no es un invento ni una ocurrencia.
En los países desarrollados, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, cada vez son más las personas deciden recurrir a los tribunales para hacer frente a la crisis climática, exigiendo que cumplan sus responsabilidades las autoridades y las empresas, se está convirtiendo esto en un mecanismo esencial para garantizar la justicia en torno a estas situaciones.
El informe, además de ofrecernos una visión general de los principales casos discutidos en los últimos dos años y sus avances históricos, se ha incrementado también el acervo de precedentes jurídicos dando mejor forma a esta nueva rama del Derecho. Estas acciones jurídicas se interpusieron en 65 órganos en distintas partes del planeta: cortes internacionales, nacionales y regiones, cortes de distrito, cortes supremas, órganos cuasijudiciales, procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas y los tribunales de arbitraje. Se han presentado casos históricos en el que se impugnan decisiones gubernamentales por no ser compatibles con el Acuerdo de París, incluso se ha obligado a empresas a tomar acciones ante los daños que han causado al clima, principalmente las que se dedican a los combustibles fósiles.
La brecha entre el nivel de reducción de gases contaminantes y lo que necesitamos alcanzar para cumplir los objetivos de las temperaturas adecuadas es alarmante, es insuficiente la acción que están tomando los gobiernos para cumplir sus compromisos y mientras esto no se cumpla a cabalidad será necesario que los ciudadanos recurran a los procesos jurídicos para obligar a los tomadores de decisiones a hacer lo correcto para mitigar los efectos del cambio climático. Veremos pronto qué país de Latinoamérica le entra al tema, considero con tristeza que México no será.
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