Culiacán, Sinaloa.- Apenas 15 minutos duró la audiencia inicial en la que el ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro conocería los detalles del delito que le imputa la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que es Desempeño irregular de la función pública pues a petición de la defensa el juez otorgó 60 días para que conozcan la carpeta de investigación debido a que no tuvieron acceso oportuno al voluminoso contenido.
Se trata de 33 tomos que constan de 16,900 hojas, mismas que la Fiscalía en voz de su titular, Nereida Avilés Aceves, se comprometió a entregar entre hoy y mañana a los defensores de los 7 imputados entre ellos la tesorera Issel Guillermina Soto González y el ex secretario del Ayuntamiento, Othon Herrera y Cairo Yarahuan.
También se presentaron en calidad de imputados las ex regidoras María Antonia Sarabia y Angelina Gutiérrez González, así como el ex oficial Mayor, Alejandro Amézquita Villaseñor y Raúl Alcantar Kondo, quien fue director de Egresos del Ayuntamiento de Culiacán.
Todos ellos formaban parte del Comité de Adquisiciones y se les señala de incurrir en Desempeño irregular de la función pública.
Los abogados defensores de cada uno, plantearon que o tuvieron acceso hace apenas 4 días o acceso parcial o nulo al expediente para formular una defensa técnica y adecuada, por lo que solicitaron se difiera la audiencia inicial al plazo máximo posible.
La Fiscalía Anticorrupción se comprometió a entregar entre hoy y mañana los 33 tomos donde se contienen las 16,900 hojas donde se detallan las acusaciones a los 7 imputados, aunque la fiscal Nereida Avilés Aceves dijo que los documentos son de conocimiento de los imputados porque fueron proporcionados por el Ayuntamiento.
En respuesta y ejerciendo su derecho, Jesús Estrada respondió que “aunque el municipio remitió la documentación no fui yo personalmente ni ninguno de los imputados quienes lo entregamos para que no piense (la Fiscalía) que sabemos todo lo que hay en las cajas”.
Fue así que el juez Adán Alberto Salazar decidió conceder 60 días y fijar el 19 de agosto para que los imputados y sus equipos puedan regresar con una defensa adecuada a la Sede Regional de Justicia Penal Acusatorio y Oral Centro.
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