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Desplazados: omisiones criminales de Malova
Por: Redacción el 20 de octubre de 2017
Desplazados: omisiones criminales de Malova
Martín Durán


El gobierno de Mario López Valdez contó con amplia información sobre todas y cada una de las 2038 personas que fueron desplazadas de las comunidades de los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva en 2012 debido a la guerra entre los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa, contó con todos los llamados de los organismos en materia de derechos humanos y protección a víctimas, su procurador de justicia contó con toda la información sobre quiénes integraban los grupos criminales, quiénes fueron las víctimas, los desaparecidos, y nunca hicieron nada.

Así lo constata la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 39/2017 publicada la semana pasada, en donde da los detalles de cómo inició el periplo de las cientos de familias que salieron huyeron de sus comunidades serranas, dejando sus propiedades, su vida, y tomando por asalto las ciudades en donde fueron ninguneadas por las autoridades, que no cumplieron con los protocolos internacionales en materia de Desplazamiento Forzado Interno.

De acuerdo con la CNDH, a los habitantes de la sierra se les violentó el derecho a la libertad de circulación y el derecho a no ser desplazado forzadamente, y el Gobierno de Malova fue omiso al no garantizar la seguridad y prevenir la ola de violencia, sobre todo cuando los medios de comunicación documentaron paso a paso el desplazamiento forzado. Tampoco nunca se llevó a cabo una investigación para deteminar las causas del desplazamiento y combatirlas.

A pesar de que las familias aportaron información sobre víctimas, responsables y desparecidos, la Procuraduría de Justicia simplemente nunca investigó nada, incurriendo en omisión.

Ya con la problemática encima, el gobierno de López Valdez no hizo nada por garantizar el regreso de los afectados, sino por el contrario, abandonados a la buena de Dios, los delincuentes hacían firmar un documento a los que retornaban con la finalidad de que cumplieran sus órdenes.

Incluso con la intervención de organismos que protegían a las activistas en favor de los desplazados, estas familias tuvieron que seguir moviéndose ya que recibieron amenazas de muerte como producto de su defensa de los derechos de las personas.

Otros de los derechos que señala la recomendación que se violentó es el de la seguridad personal, pues nunca hubo un interés de parte del gobierno de Sinaloa en brindar protección a las familias desplazadas.

La CNDH indicó que ninguna autoridad municipal y estatal, desde las corporaciones a la Procuraduría, cumplió con este tema.

“No realizaron sus labores de prevención de delitos y conductas antisociales, no auxiliaron a las personas de las comunidades que estaban siendo victimizadas a causa de la violencia, y tampoco implementaron acciones para salvaguardar”.

También se les vulneró el derecho a la propiedad, pues muchas familias no solo dejaron sus casas y propiedades, sino que éstas fueron quemadas por los grupos criminales. Además, la Comisión explica que ni los gobiernos municipales ni el estatal trataron de proteger los bienes inmuebles abandonados para que terceros no se apropiaran de ellos.

El documento también detalla que se violentó el derecho de las víctimas a la asistencia humanitaria y a las medidas de ayuda inmediata. El caso de doña Florencia Herández exhibe cómo una madre de familia murió en Guamúchil víctima de cáncer, sin que ninguna autoridad brindara atención médica. Ninguno de sus hijos que presenció su fallecimiento sabía leer, vivían en una casa abandonada sin luz y sin agua, ayudados por los vecinos con alimentos.

A pesar de que los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva informaron a la CNDH que brindaron apoyos a los desplazados, el organismo nacional señaló que no presentaron pruebas de tales ayudas.

Entre los apoyos que alegan las autoridades están despensas, colchonetas y más recientemente la construcción de viviendas.

Cuando la Comisión dio a conocer la recomendación, los alcaldes actuales de Choix y Sinaloa de Leyva, José Lindolfo Reyes Gutiérrez y María Beatriz León Rubio, respectivamente, se indignaron y señalaron que sí fueron atendidas las personas desplazadas, pero no en los términos de los derechos humanos.

El caso del fiscal Juan José Ríos Estavillo es contradictorio, pues él ocupó la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuando en el 2012 brotó el problema, y ahora la recomendación va dirigida a él.

El caso de Quirino Ordaz es diferente, pues tiene la oportunidad de enmendar el desastre que dejó Malova, su antecesor a quien ningún rozón de la justicia lo ha tocado por sus omisiones criminales y cómplices.


La historia de Esperanza

Esperanza Herández Lugo fue una de las mujeres que fueron desplazadas por la violencia de su comunidad, allá entre cerros y nubes, Ocorahui, ubicada entre los límites de Sinaloa de Leyva y Chihuahua. Junto con ella bajó su familia y otras 600 más de 40 pueblos a acomodarse a la buena de Dios en ciudades como Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. Otras tantas sencillamente se perdieron en otras entidades de la República, tratando de dejar atrás ese pasado de muerte, fuego y pesadumbre.

Esperanza es una mujer que nunca se ha dejado arredrar; a pesar de las amenazas, de las incertitumbres y las penurias, siempre combatió el discurso oficial del gobierno de Mario López Valdez y nunca dejó de contar la verdad de lo que sucedía en la sierra de Sinaloa de Leyva, abandonada a la ambición de los criminales.

Que las familias fueron expulsadas por la guerra que sostenían en los altos las células de los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa, conflicto que creció debido a la omisión del gobierno estatal y federal de nunca poner atención a las comunidades serranas, gobernadas por el narcotráfico. Esperanza siempre llevó el censo de “sus desplazados”, como les decía, para identificar a las mil 469 personas de pueblos como Ocorahui, Sierrita de Germán, San José de los Hornos, y El Metatito, entre otras.

Siempre se le veía peregrinar a las dependencias del Gobierno de Malova, a las instituciones municipales de Salvador Alvarado y al Congreso del Estado, pero los desplazados, que no cuentan para los votos, pocas veces eran escuchados. Algunos por cansancio simplemente se alejaron a seguirle con su vida, otros sobrevivían inhumanamente con lo que podían, desarraigados de su tierra y sus viviendas, peregrinos en su patria.


Resuelve la CNDH

Pero Esperanza y el matrimonio integrado por Nayeli González Chávez y Felipe Rábago del municipio de Choix tocaron puertas aquí y allá hasta llegar a los organismos nacionales e internacionales para que la voz de sus desplazados se escuchara, ya que Malova por el contrario los ignoraba y los culpaba de su destino.

“Ahora sí piden ayuda, ahora que la sangre les llegó al río”, le espetó en una ocasión Malova a Esperanza cuando acudió a pedirle apoyo para las familias desplazadas.

En febrero de 2015, Esperanza fue amenazada de muerte a través de mensajes y fue sacada de Sinaloa para protegerla a ella y su familia. En marzo de ese mismo año Nayeli y Felipe sufrieron un atentado que también los obligó salir de Choix. Se convirtieron gracias a su activismo social en dos veces desplazados.

En abril de este mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigio medidas cautelares para Esperanza y el matrimonio Rábado González, así como para sus familias.

Los meses pasaron, el problema del desplazamiento interno nunca fue visto como prioridad para los gobierno estatal y municipal, pero ya las familias habían interpuesto su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual la semana pasaba en base a las evidencias y testimonios emitió la recomendación 39/2017 en donde confirma todas las omisiones en las que incurrió Mario López Valdez, la entonces Procuraduría General de Justicia y los alcaldes de Choix y Sinaloa de Leyva.

Como la queja no abarcó a las comunidades de Badiraguato, San Ignacio y Concordia, estas familias no fueron incluidas. Ahora, con el gobierno de Quirino Ordaz ha sido San Ignacio y Concordia en donde se ha focalizado el problema del desplazamiento forzado debido a la violencia. Hasta el momento, entes como la Secretaría de Desarrollo Social bajo el mando de Rosa Elena Millán Bueno han otorgado “mejoralitos” para amainar el drama que viven las cientos de personas que dejaron sus pueblos. La Secretaría de Salud también ha enviado brigadas de atención médica, pero el Gobierno quirinista no ha propuesto resolver el problema de fondo, como nunca lo hizo Malova.


*Publicado en la edición 35 del semanario Diario Adiscusión.


Foto: Noroeste

 
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