Con permiso o sin permiso. Estados Unidos pasó de las amenazas verbales a la intimidación presencial. Primero fue el sobrevuelo de un avión militar especializado en recabar información y ayer se conoció sobre la presencia de tres navíos de guerra norteamericanos frente las costas de Baja California. Apenas se conoció la noticia el Ejercito y la Secretaria de Marina salieron a intentar aclararlo.
El Ejercito no le dio importancia al sobrevuelo del avión militar norteamericano que cubrió parte de la Baja California y llego a Sinaloa. Y Marina emitió un comunicado en el que aseguró que los navíos de guerra norteamericanos se encuentran en aguas internacionales, por lo que también dijo que no había ningún problema. Lo cierto es que ni Ejercito ni Marina estaban enterados de esta situación y lo conocieron a través de la información de medios de comunicación. Avión y navíos han causado una serie de especulaciones sobre todo por el momento que se vive.
Su presencia se da a unas horas de que Donald Trump impusiera condiciones al Gobierno de México que presuroso acepto enviar 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a reforzar la vigilancia en la frontera. Podría suponerse que la frontera Estados Unidos-México está siendo supervigilada, por tierra, aire y mar para combatir tanto el ingreso de drogas como indocumentados. Pero ¿Qué tiene que ver Sinaloa, si esto fuera cierto? Nada, entonces ¿Por qué los sobrevuelos han incluido a Sinaloa? Todos entiende que Sinaloa forma parte del tema estadounidense. Pero el Gobierno mexicano hace mutis.
Rocha Moya ¿investigado? Los militares que han tomado el control de la seguridad en Sinaloa, no solo traen la instrucción de aplicarse en los operativos de restablecimiento del orden, también se han abocado a investigar el entramado de las relaciones entre los grupos criminales y servidores públicos. De acuerdo a información publicada por Proceso, se menciona al General Oscar Rentería Shazarino, titular de la Secretaria de Seguridad Publica en Sinaloa, propuesto por el mismísimo Secretario de la Defensa Nacional General Ricardo Trevilla como quien ha “centrado las labores de inteligencia en el entramado de relaciones personales y de negocios en las administraciones estatales y municipales”.
Desde hace tiempo, el Gobernador dejó de ser quien dirige e incluso quien ordena labores de la Secretaria de Seguridad. Son los militares quienes tienen el control y deciden lo que se hace. Al Gobernador lo han dejado para que realice otro tipo de labores. Con es el caso de los programas sociales y lo relacionado a la organización de obras.
Por cierto. En medio de la crisis de seguridad y social que se vive en Sinaloa, el Gobierno del Estado anuncio la puesta en marcha del programa de licitaciones de obras que involucran una inversión de alrededor de mil 500 millones de pesos. Y lo que pudieran ser buenas noticias. Para reactivar la economía. Para impulsar la creación de empleos. Y para llevar obras que requiere la comunidad, pudiera este tema convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Y hasta la apertura de un nuevo frente en contra de servidores públicos cercanos al Gobernador Rocha Moya.
Si se atreven a seguir actuando como lo hicieron en los primeros tres años de esta administración, en lo referente a los manejos en la asignación de obras, se podrían meter en un problemón que les sumaría a todos los temas de los cuales se ha acusado a la administración rochista. Habría que ver si no les sucede lo que a los cochis. Por el dicho de que: "Cochi que le da por tragar mie…Aunque le rompan el hocico”.
Que 'El Mayo' comenzó a cantar. El investigador y especialista en asuntos del narcotráfico Luis Chaparro publicó que Ismael “El Mayo” Zambada García ya ofreció un adelanto del catalogo de relaciones que tenia con políticos, gobernadores, empresarios y hasta periodistas. “Muchos se acercaron a mi a pedirme chichi”.
Luis Chaparro mencionó en el caso de Sinaloa al exgobernador Mario López Valdez y al actual Rubén Rocha Moya. Todos saben que cuando Zambada García hable de sus relaciones con políticos, muchos, pero muchos habrán de ponerse a temblar.
Nueva balacera en Mazatlán. Civiles armados accionaron sus armas contra el conductor de un vehículo. El ataque se dio en plena luz de día por los rumbos del Libramiento 3. Se dijo que al parecer los sujetos armados intentaron despojar el vehículo, pero su conductor se resistió y logró huir. Sea como sea, esta nueva balacera deja en evidencia lo que el Gobierno está repitiendo hasta el cansancio de que Mazatlán está “blindado”. Y que el Carnaval de Mazatlán habrá de desarrollarse en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que participarán tres mil efectivos, entre militares y policías estatales y municipales.
Comuneros indignados. Ayer un grupo de habitantes de la comunidad de Santa María, El Rosario se hicieron presentes en el Palacio Municipal de Mazatlán. Demandaron el pago de 30 millones de pesos que el Gobierno se había comprometido en cubrir en el 2024 y otros 30 millones de este 2025.
Los recursos son para cubrir las indemnizaciones por la construcción de la presa Santa María. Los comuneros acusaron directamente al Gobernador Rubén Rocha Moya de no cumplir con los pagos. Dijeron que existe un convenio mediante el cual se acordó el pago de 190 millones de pesos, con anualidades de 30 millones. “Ya se juntaron los dos pagos. El de 2024 y ahora el del 2025. Es lo que se está exigiendo que se cubra”. Otra raya al tigre.
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