Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que su gobierno va a preparar una denuncia para cancelar los contratos con los penales privados en caso de que no se llegue a un acuerdo para disminuir los recursos que se ocupan por cada persona recluida.
Estos contratos, precisó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se firmaron cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad.
El presidente dijo que ya hay una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene que ver con la situación de Genaro García Luna, “pero he dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes. Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente”.
“Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública. Se va hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, precisó.
Estos contratos, precisó Rosa Icela, son ocho, en los estados de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Guanajuato.
Los ocho centros en estos estados tienen un convenio con el gobierno, siete de ellos se firmaron el 27 de diciembre de 2010, mientras que el de Oaxaca fue firmado el 18 de marzo de 2011.
De acuerdo con la funcionaria, por cada persona recluida en cada centro se pagan 192 mil pesos al mes, o 6 mil 411 pesos por día, lo que López Obrador calificó como “un abuso”.
El total de gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15 mil 562 millones de pesos por 12 mil 284 personas recluidas en prisiones federales privadas, aseguró. Mientras que el gasto por persona al año promedio es de un millón 375 mil 064 pesos.
Con información de LatinUs.